El Gobierno se compromete a poner en marcha en 100 días las medidas para eliminar las emisiones de CO2 en 2050

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El Gobierno ha declarado este martes el estado de emergencia climática en España. Más allá de subrayar la relevancia de la alteración del clima, este paso implica un plan de acción: en 100 días debe llevar a las Cortes la ley de cambio climático para llegar a cero emisiones netas de CO2 en 2050. La regulación incluirá electricidad 100% renovable, coches que no emitan gas invernadero, agricultura neutra y un sistema fiscal que lleve a la descarbonización.

La declaración de emergencia climática y ambiental implica, según ha explicado este martes la vicepresidenta de Transición Ecológica, Teresa Ribera, 30 líneas de actuación de las que cinco han de implementarse en este primer empujón de 100 días. Y sobre todo  “ir mucho más deprisa”, ha subrayado la vicepresidenta.

En cuanto al transporte, la nueva regulación establecerá que los automóviles lancen cero gramos de CO2 a mitad de siglo lo que conlleva una “transformación de sector de automoción”. También se pretende que no haya nuevos subsidios a los combustibles fósiles (como la gasolina o el diésel). “Debemos trabajar con Industria y con las asociaciones de fabricantes2, ha admitido Teresa Ribera. Además, esta nueva versión de la ley de cambio climático “obligará” a las ciudades de más de 50.000 habitantes a crear zonas de bajas emisiones, según ha indicado Ribera. 

Además de la ley, el Gobierno piensa montar una Asamblea Ciudadana del Cambio Climático y redactar el II Plan Nacional de Adaptación “incluyendo al sistema nacional de observación del clima y la elaboración de un menú de indicadores de impacto” para intentar amortiguar los efectos que la crisis climática ya produce. También debe ponerse en marcha en este primer plazo una transformación industrial y del sector servicios a través de Convenios de Transición Justa. 

“No partimos de cero” ha dicho Teresa Ribera. “Partimos de un trabajo previo en los distintos ministerios”, ha insistido. Además de a estos primeros cinco puntos, la declaración afectará a casi cualquier área de Gobierno. Transición Ecológica ha marcado otras 25 líneas que atravesarán con la variable del cambio climático “las políticas económicas, de consumo, de movilidad, de vivienda, de cooperación internacional, de educación o de salud”, ha contado la vicepresidenta Ribera.

El plan prevé que, “en línea con lo marcado por el G20 en 2009, salvo excepciones, no haya nuevos subsidios a los combustibles fósiles”, ha insistido Teresa Ribera que ha añadido que el Gobierno está “analizando y revisando” los impuestos sobre esta materia. La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha añadido que el documento para Una Fiscalidad del siglo XXI incorpora la perspectiva de la fiscalidad verde. 

Moción del Congreso y del Europarlamento

El nuevo Ejecutivo de coalición ha llevado el problema climático a su tercer Consejo de Ministros. El Congreso de los Diputados ya había aprobado en septiembre de 2019 instar al Gobierno a que declarara la emergencia climática. Solo los 24 diputados de Vox votaron en contra. Dos meses después, el Parlamento europeo hizo algo similar e, incluso, conminó a la Comisión a que todas sus propuestas legislativas fueran encaminadas a conseguir el objetivo de frenar el calentamiento de la Tierra en 1,5ºC.

El hecho de denominar emergencia en lugar de cambio a la alteración climática responde a la idea dimensionar el problema. Si el planeta se ha recalentado 1,1º ºC desde la época pre-industrial, en España el fenómeno ha sido más agudo: 1,7ºC, según explicó la Agencia Estatal de Meteorología el pasado diciembre. Cada década, desde 1970, ha sido más cálida que la anterior. La Organización Meteorológica Mundial informó al mismo tiempo que 2019 cerraba un decenio nefasto: récord de temperaturas, deshielo acelerado y crecida del nivel del mar.

El concepto de emergencia ha sido corroborado por las, cada vez más, apremiantes advertencias que los científicos han trasladado a los gestores políticos sobre la urgencia  por tomar medidas. El Programa de Medio Ambiente de la ONU calculaba en noviembre pasado que el mundo necesita reducir a la mitad sus emisiones de COpara sortear los peores efectos del calentamiento global. La brecha entre lo que se emite y lo que se podría emitir para limitar el calentamiento a 1,5ºC no ha parado de crecer en la última década. 

De igual manera, las mediciones de gases de efecto invernadero acumulados en la atmósfera –el tapón que retiene la radiación solar en el planeta elevando la temperatura media de mares y corteza terrestre– batieron un pico en 2018: 407,8 partes por millón. 11.000 científicos advirtieron ese mismo mes a los políticos que se provocará un “sufrimiento indecible” en caso de que no se palíe la crisis climática. 

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